La casta política y sus socios nos salen cada vez más caros

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10.03.2019 a las 20:57 hs 10 21 0

Todos los que trabajan deberían exigir que el Estado no se lleve más del 25% del PBI


El costo fiscal pasó de ser un 22%/25% a un 46% del PBI


Los costos de la casta política son crecientes. Cada año piden más y más. Eso se traduce en nuevos impuestos.

Se vio reflejado en las últimas décadas en aumentos de alícuotas de IVA e IIBB, actualizaciones de impuestos inmobiliarios, ABL y AySA, impuesto a los sellos, a las transacciones financieras y una maraña de pagos por adelantado.

En el siglo XXI retomaron el impuesto inflacionario. Debemos agregar la destrucción de nuestro patrimonio público. Venta de bienes del Estado -la mayoría de las veces a precio vil- y deuda.
Todo esto hace que la casta política y sus socios (capitalismo de amigos) nos salgan cada vez más caros.

El costo fiscal pasó de ser un 22%/25% a un 46% del PBI. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden.
Porque no tienen miedo de terminar como Ceaucescu. Hace más de tres décadas que el país está intervenido, sometido a la socialdemocracia europea. Los interventores gozan de excelentes ingresos y toda suerte de privilegios. Como no ir presos, por ejemplo.

HACEN LO QUE QUIEREN


Han hecho lo que quisieron: desmantelaron la Justicia y los organismos de control, las Fuerzas Armadas, destruyeron la educación y la salud. Duplicaron el presupuesto que manejan. Se hacen ricos en un mandato. Nombran a parientes. Crean empresas para proveer al Estado. Se reparten tierras fiscales de alto valor inmobiliario entre sus amigos, sin que organismo de control, defensor del pueblo, legislador, juez o fiscal eleve su voz en defensa de los intereses del Pueblo ni de la República.
Pasemos a la segunda pregunta: ¿Por qué pueden?
Porque nadie los para. ¿Quién debería pararlos? 1°) Legisladores. 2°) Los organismos de control. 3°) Jueces y fiscales.

Los ciudadanos toleran como corderos que sus hijos no tengan clases, que los niños terminen la primaria sin saber calcular la superficie de un triángulo o leer de corrido, que tengan que esperar cinco horas para que los atiendan en un hospital, que un paquete de fideos salga 50 $ porque el costo del peaje desde Tres Arroyos a la capital es estratosférico, que les suban todos los impuestos.
El campo le ha cedido miles de millones de dólares a esta casta infame. Eso les impide mejorar sus campos o comprar asociativamente frigoríficos para integrar su propia cadena de producción. Los FFCC están parados para desgracia de la totalidad de los productores agropecuarios, condenados así, a pagar peajes a los miembros de la Cámara Argentina de la Construcción, todos ellos prontuariados. Los productores agropecuarios son esclavos de prontuariados. Evalúen este concepto: quienes producen en este país son esclavos de prontuariados. Como dice Paul Joseph Watson: Let that sink in. Digieran esto.

No sé si toman dimensión de semejante deshonra.
Sin embargo ninguna cámara del sector elevó su voz y pidió la nulidad de las concesiones viales. La gente decente, que vive de su trabajo, no se queja encendidamente de darle dinero a criminales confesos, como Roggio.
La industria argentina subsiste como puede. La que quede en pie tras este gobierno será eliminada hasta que solo haya tierra arrasada.
Volvamos a la pregunta original. ¿Por qué nadie de la industria, del sector agropecuario, de la cámara de transportistas, de los sindicalistas, de los comerciantes minoristas les dice a los políticos: "Hasta acá llegamos"?

Sólo en el 2008 el agro puso límites y cometió el error de irse a la vaina antes de tiempo.
El sindicalismo permitió el Mercosur. De Mendiguren propone más impuestos... Para otros. Los comerciantes protestan por las facturas de luz, pero no por la carga impositiva incluida en ella. Todos los sectores aceptan el aumento permanente de impuestos en la esperanza de que les toque parte de la piñata. Absolutamente todos aceptan un tipo de cambio deprimido artificialmente que nos destruye.

¿Por qué toleran estas prácticas de sometimiento? Porque negocian por separado. Piden excepciones y exenciones. Piden subsidios, reintegros, regímenes especiales. Piden que los latigazos sean para otro.

POR SEPARADO


Los productores de ajo -a los que los números no les cierran- piden que no eliminen los reintegros o por lo menos, que los reduzcan poquito.
Inteligentemente, en el ministerio, los funcionarios atienden por separado a los productores de peras y manzanas, que vienen con una problemática similar.
Eso lo usa el político para arbitrar entre unos y otros, ganar tiempo y, si puede, pedir sobornos. A unos se los dan, a otros no, y hacen bailar a todos en la cuerda floja. Cuando, en realidad, lo que necesitan es la eliminación del impuesto a los combustibles y peajes para abaratar los costos.
Es un juego perverso que favorece la continuidad del status quo en detrimento de los que trabajan y producen. Aceptar jugar con las reglas que imponen es perder de antemano.
La estrategia actual sólo garantiza la desesperanza. Algunos queremos algo mejor que ser esclavos de una casta corrupta y amoral, sin ningún tipo de conexión afectiva con la Nación que los alberga.
No es justo pedirle arrojo a la persona de a pie, que se levanta a las 5 de la mañana y arriesga su vida con sólo caminar desde su casa hasta la parada de colectivo. Bastante heroísmo tiene en el día a día.
Pero quienes tienen posición de responsabilidad deben entender que esta carga impositiva y este despilfarro y abuso de fondos públicos lleva a la extinción de actividades completas y someterá a la pobreza a la población. Las personas más acomodadas irán instalando uno a uno sus hijos en el exterior. Es un panorama desolador para unos y otros.

DIVIDE Y VENCERAS


Claramente no harán nada y tratarán de dividir a los peticionantes, una táctica harto exitosa. Pero, en paralelo, se podrá pedir a la Justicia la eliminación de impuestos confiscatorios, la supresión de exigencias administrativas de AFIP, ARBA etc., por ser carga pública abusiva. El sindicalismo debería solicitar a la Justicia la eliminación de IIGG por cuarta categoría. Las cámaras de transportistas y las grandes empresas ubicadas en el interior podrían requerir la nulidad de los contratos de concesiones viales ante el fuero Contencioso Administrativo. Los comerciantes pueden pedir la nulidad de los aumentos de ABL.
Si bien la Justicia fallará (o no) a favor de la casta política, al menos, se los pondrá a todos en un lugar incómodo. Y acciones así demostrarán determinación y coordinación entre cámaras y sindicatos.

Básicamente enunciar en nombre de las personas que trabajan, ya sea una gran industria, un tendero, un colectivero, una maderera correntina, un productor ganadero de La Pampa o un dependiente de una panadería, que el Estado no puede superar un cuarto del PBI, que con eso deben cubrir todas las obligaciones que precepta el Preámbulo de la Constitución: Defensa, Paz Interior, Educación, Salud, incluso cubrir los intereses de deuda.
Y que si no pueden hacerlo con el 25% del PBI, si no tienen la voluntad o la imaginación, que se vayan. Buscaremos otros administradores que lo sepan hacer. Nosotros necesitamos nuestra riqueza para construir un futuro mejor, acá, en nuestra tierra, para nosotros y para nuestra posteridad.
Porque nosotros sí conocemos nuestra Constitución.


Posteado por:

Santiago

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